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jueves, 28 de noviembre de 2013

ADEFAB

HOY, CURSO DE ABORDAJE INTEGRAL DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y OBESIDAD.


martes, 18 de junio de 2013

vulneración de principios

He aquí un claro ejemplo de la vulneración de los principios de universalidad e igualdad, que tiene como consecuencia el brutal deterioro del estado de bienestar. Nosotros sabremos..


Más de 30.000 universitarios al borde de la expulsión por impago

La subida de tasas académicas y la restricción de las becas acorralan a los universitarios en plena crisis



Al menos 30.000 estudiantes universitarios (un 2,3% del total) corren riesgo de ser expulsados de los campus españoles por no poder pagar las matrículas. Esta es otra de las consecuencias de la crisis y los recortes. Las universidades han perdido más de 1.240 millones de euros desde 2008 y en paralelo han aumentado las tasas —hasta 540 euros más de media en primera matrícula—, y se han concedido menos becas al endurecerse los requisitos académicos —del 5,5 de nota media ahora se pide un 6,5—. Y ello en un momento en que la crisis se está cebando con muchos hogares y más estudiantes necesitan ayuda para poder estudiar. Este jueves los vicerrectores de estudiantes de los campus españoles se reunirán en Madrid con los impagos como plato fuerte, aunque muchas universidades ya han buscado soluciones eventuales para este curso. El Ministerio de Educación, por su parte, no tiene previsto un encuentro con los rectores para tratar el asunto.
La cifra de alumnos morosos todavía no es definitiva. Los 30.000 forman parte de la radiografía de este momento, pero los números pueden variar a la baja —algunos podrían pagar in extremis a final de curso para evitar la anulación de su expediente y no tirar por la borda el esfuerzo de meses— pero también al alza: algunas universidades no han incluido todavía en sus estadísticas a los estudiantes a los que se les ha denegado la beca (en Cataluña todavía se están resolviendo las últimas). Esta es una de las causas que pueden disparar aún más la morosidad. Solo unos ejemplos: en la Universidad de Sevilla un 15% más de los alumnos se han quedado sin beca (13.000), en Cataluña las denegaciones han crecido un 20%, mientras en Salamanca han pasado del 38% al 45% (5.853 estudiantes).
Las universidades han perdido más de 1.240 millones de euros desde 2008
Gloria Blanco es uno de estos casos que, por el momento, no aparecen en las estadísticas oficiales. Está en 2º curso de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona y en abril le llegó la notificación de la beca denegada por no cumplir los requisitos académicos: no alcanzaba el 90% de créditos aprobados el curso anterior. “Es injusto. Fue por una asignatura, además de que era de evaluación continua y suspendí solo una de las pruebas. ¡Se supone que debería contar la media!”, se queja esta joven de 26 años que hace un par de semanas decidió abandonar la carrera. Tenía que pagar 800 euros de la matrícula que no tenía. Acabó las clases y los trabajos, pero no se presentó a los exámenes.
La estudiante vive en Santa Coloma de Gramenet con su abuelo y sus dos hermanas de 22 y 25 años. Subsisten con la pensión del abuelo, unos 600 euros. Las hermanas hacen cursos de formación, pero llevan paradas año y medio. Gloria se queja de la poca información y ayuda recibidas por la universidad. “Fui a secretaría porque no quería dejar la carrera, pero no me ofrecieron ninguna solución”, lamenta la joven.
Sea como sea, la cifra de 30.000 estudiantes universitarios —resultado del conteo hecho por EL PAÍS a partir de los datos facilitados por todos los campus públicos, a excepción de algunos centros pequeños, donde el plazo de pago no ha finalizado— pone de relieve una nueva problemática que amenaza con agravarse con la reforma de las becas anunciadas por el Gobierno, que puede dejar a muchos más estudiantes sin ayudas.
El caso más gráfico es el de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) con 10.500 impagos entre alumnos que no solicitaron beca. “El porcentaje de morosos no ha variado aún respecto al año pasado, pero ahora nos van a llover los casos de gente que no puede hacer frente a las tasas”, cuenta Álvaro Jarillo, vicerrector de Estudiantes. Solo 10.402 de los 32.000 estudiantes que pidieron beca la han obtenido, frente a los casi 15.000 del pasado curso, un 31% menos.
País Vasco ha creado un fondo de 250.000 euros para este tipo de situaciones.
Algunas cifras de otras universidades o comunidades autónomas permiten hacerse una idea de la magnitud del problema de los impagos. En Madrid, donde las matrículas se han incrementado un 38% de media, los campus admiten que hay unos 7.000 estudiantes que no han podido hacer frente al pago de las tasas. En Cataluña hay contabilizados al menos 3.000 casos —el triple que hace tres años—, lo que eleva el impago a unos tres millones de euros. En esta comunidad las matrículas subieron hasta el 67% y, pese a que la Generalitat implantó una escala de precios que varía según la renta familiar, la morosidad no se ha frenado.
En las universidades andaluzas contabilizan al menos 5.700 alumnos morosos. En la Universidad Politécnica de Valencia dicen que son 656, en el campus de Oviedo, un millar; en la del País Vasco admiten 241; en Castilla-La Mancha contabilizan 377 o en el campus de A Coruña, 160.
El impago de las matrículas comporta irremediablemente la expulsión del estudiante de la universidad. Se trata de una expulsión administrativa, ya que aunque el alumno puede continuar yendo a clase e incluso realizar los exámenes, se le veta el acceso al campus virtual y no se le rellena el acta con las notas, así que no puede matricularse al año siguiente ni pedir el título ni ningún certificado académico.
Tras la protesta en la UCM, se ha creado la Plataforma de Afectados por las Tasas
Estas bajas administrativas pueden aplicarse de forma escalonada, pero en la Complutense de Madrid, se hizo de forma simultánea, y sin previo aviso, a 3.193 alumnos que no habían pagado las matrículas. La medida soliviantó a los estudiantes, que se encerraron durante días en el rectorado. Finalmente, el campus se avino a ampliar el plazo de pago hasta septiembre y repartir los recibos hasta en cuatro abonos. Según los últimos datos de la UCM, había 2.673 alumnos que seguían sin pagar parte o toda su matrícula cuando se abrió ese periodo excepcional. De ellos, 552 se apuntaron a fraccionarlos y 70 manifestaron que no podían pagar. La Complutense no ha aclarado qué ha ocurrido con los 2.051 restantes, si se han dado de baja por no poder pagar o si son alumnos que se borraron a principio de curso antes de abonar la matrícula. La cifra regional varía según dónde se sitúen esos alumnos sobre los que la Complutense guarda silencio.
Tras la protesta en la UCM, se ha creado la Plataforma de Afectadas por las Tasas (PAT) que apenas echa a andar con pequeños grupos en Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao. Su objetivo es que “se activen los campus virtuales a los alumnos expulsados y hacer presión para que no se eche a nadie por motivos económicos”, explica Carla Ten, estudiante de ingeniería biomédica de la UB y miembro de la PAT en Barcelona. Y, a largo plazo, añade, pretenden lograr una universidad gratuita.
Ante este grito estudiantil de ayuda, algunos rectorados han decidido activar fondos socialesMuchos alumnos se han encontrado con problemas sobrevenidos. “Su situación económica o familiar se ha deteriorado rápidamente en los últimos meses, ya sea porque los padres están desempleados, porque se han quedado sin prestaciones o incluso por el fallecimiento de los progenitores”, explica Sílvia Carrasco, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este campus ha sido uno de los pioneros a ofrecer estas ayudas especiales. Bautizadas con el nombre Beca Finestreta, cuenta con una dotación de 320.000 euros y beneficia a unos 150 alumnos.
Iniciativas como están surgiendo como setas en toda España. En la Universidad de Valencia están detectando “casos muy graves, desde fallecimientos o depresiones familiares a desempleo sobrevenido”, señala su delegado del rector para Estudiantes, Daniel González. El campus ha cuadruplicado las becas propias. El fondo social de la UNED para casos sobrevenidos no ha parado de crecer. En 2001 destinaban 57.000 euros para 226 solicitudes y ahora ya van por 846.000 euros para 3.760 alumnos. “Nos vamos a quedar cortos”, asevera Jarillo.
La del País Vasco ha creado un fondo de 250.000 euros para este tipo de situaciones. La ayuda es en metálico, pero no se descarta que tengan que “desarrollar actividades en favor de la universidad”. “La idea no es que ocupen puestos de trabajo. Por ejemplo, pueden orientar a los estudiantes de Erasmus que llegan a la ciudad. O si hay una feria en la que se explica el proyecto educativo de la universidad, pueden echar una mano”, abunda Maite Zelaia, su vicerrectora de estudiantes.
Para septiembre A Coruña ha creado un depósito de 115.000 euros y Málaga de 810.000 euros. Algunas han ampliado los plazos. La de Alcalá de Henares ha optado por el pago fraccionado mes a mes. La matrícula, que ronda los 1.500 euros, se podrá abonar en 10 meses. “Estas medidas son parches para que se ocasione el menor perjuicio posible a los estudiantes”, señala Santiago Fernández, vicerrector de Coordinación y Comunicación de Alcalá de Henares, “pero es el ministerio el que debería potenciar una política de becas adecuada, como ha pedido nuestro rector. No deberían subir más las tasas e incluso en algunos casos, como los másteres de investigación, tendrían que bajarlas”.
Algunas administraciones han decidido crear una dotación extra para situaciones sobrevenidas. La Comunidad Valenciana distribuirá un millón de euros entre los 600 estudiantes que han concurrido a la oferta extraordinaria de becas. Cataluña dispone de seis millones de las Beca Equitat. “Hemos decidido dejar abierta la convocatoria para todo lo que pueda suceder durante el curso”, justifica el secretario de Universidades catalán, Antoni Castellà, quien aplaude la iniciativa de las universidades, pero matiza. “Cualquier ayuda es buena, pero quien cuenta con el grueso del dinero es la administración”. También toman las tiendas municipios como Alameda (Málaga, 5.000 habitantes), el Ayuntamiento destinará 20.000 euros para sufragar las matrículas de los jóvenes del pueblo.
Donde no llegan ni Gobiernos ni universidades, está llegando el ingenio universitario. A finales de mayo, la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid puso en marcha la campaña Matrícula entre todos, que consistía en vender 500 bolígrafos al precio de dos euros para destinarlo a ayudar a los alumnos con problemas económicos. Para finales de este mes, el sindicato de CC OO de la Universidad de Castilla-La Mancha ha organizado un concierto solidario con el que espera recaudar 150.000 euros para dar un balón de oxígeno a estos 377 estudiantes que no han abonado el último plazo de la matrícula.
Con información de Manuel Planelles (Sevilla), Juan Manuel Játiva (Valencia), Pilar Álvarez y J. A. Aunión (Madrid).

sábado, 15 de junio de 2013

España vota en contra del Derecho a la Paz

Y digo yo, ¿Cómo es que la paz no era ya considerada un derecho humano?

 ¿Y cómo es que nuestro propio país vota en contra?

Estamos perdido el sentido de todo lo importante.

España vota 

en contra 

del Derecho a la Paz en el 

Consejo de 

Derechos Humanos 

de la ONU

La resolución se aprobó con el apoyo de 30 países mientras algunos europeos, Estados Unidos y Japón se opusieron 


Los países de Unión Europa, no olvidemos que premiada con el Nobel de la Paz, no apoyaron el pasado 13 de junio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, una resolución sobre la promoción del derecho a la pazpatrocinada por dieciséis países miembros del Consejo.
En total la propuesta fue apoyada por treinta países, la mayoría del Tercer Mundo, mientras que las naciones europeas junto con Estados Unidos, Japón e India se abstuvieron (8) o votaron en contra (9). Entre los europeos que se abstuvieron estuvo Polonia, Italia o Polonia, además de Suiza que no pertenece a la UE. España, junto con Alemania, República Checa y Austria votó No.
La resolución es una iniciativa de Cuba, posteriormente asumida por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que, en aras del mayor consenso posible, se limita a pedir que se colabore con el grupo de trabajo y un comité asesor ya existente para que, mediante consulta con los Estados miembros, la sociedad civil, el mundo académico y todos los demás actores relevantes, se prepare un proyecto de Declaración sobre el Derecho de los pueblos a la paz.
El citado Comité Asesor presentó el pasado año un proyecto de declaración que recoge la mayor parte de las sugerencias recibidas por parte de expertos, gobiernos y sociedad civil. Este comité sugirió cambiar el término original "Derecho de los pueblos a la paz" por el abreviado "Derecho a la paz", considerándolo más oportuno en cuanto permite incluir tanto la dimensión individual como la colectiva de ese derecho. En opinión de Micòl Savia, representante en el Consejo de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Juristas, "el proyecto supera la tendencia restrictiva a considerar la paz principalmente como un derecho colectivo y a relacionarla en forma exclusiva con temas como guerra y desarme. 'El derecho a la paz es un derecho inherente a a todos los seres humanos sin alguna distinción o discriminación' (art. 1). Y la paz no es sólo ausencia de violencia: 'toda persona tiene derecho a vivir sin temor y sin miseria' y 'vivir sin miseria implica el goce del derecho al desarrollo sostenible y de los derechos económicos, sociales y culturales' (art. 2)".
El proyecto es una iniciativa de Cuba y cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones de la sociedad civil
Según Savia, "la Declaración se ocupa de varias cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad internacionales (desarme, educación y capacitación para la paz, derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, empresa militares y de seguridad privada, resistencia y oposición a la opresión, mantenimiento de la paz, etc.). Sin embargo, reconociendo que'la desigualdad, la exclusión y la pobreza generan violencia estructural, que es incompatible con la paz y deben ser eliminadas', el texto incluye también estándares de paz positiva en áreas como desarrollo, medio ambiente, refugiados y migrantes, etc.".
Cuando en junio de 2012 el Comité Asesor presentó el borrador al Consejo de Derechos Humanos, la gran mayoría de los Estados y la sociedad civil reaccionaron con entusiasmo. La UE se limitó a tomar nota, reiterando su posición de no incluir el derecho a la paz en el derecho internacional.
El proyecto votado el pasado 13 de junio cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por la Fundación Paz sin fronteras que copresiden el cantante español Miguel Bosé y el colombiano Juanes. Bosé incluso asistió a un acto público organizado por los países Latinoamericanos en el Consejo. En conferencia de prensa en Ginebra afirmó no entender por qué hay naciones que se resisten a que la paz sea codificada como un derecho humano, cuando ésta es junto a la seguridad, las garantías fundamentales y el desarrollo, uno de los cuatro pilares del trabajo de Naciones Unidas.
En opinión de la Misión Permanente de Cuba en Ginebra, "en un mundo en que determinadas potencias promueven guerras e intervenciones en varias regiones, resulta imprescindible la codificación del derecho a la paz, cual constituye una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho a la vida. En virtud de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un orden en el que todos los derechos puedan ser plenamente realizables. La paz, sin lugar a dudas, es un componente esencial de ese orden".
Se espera que el grupo de trabajo, presidido por Costa Rica, concluya sus labores en 2014 para que el proyecto de declaración pueda ser aprobado en el Consejo de Derechos Humanos, y posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

miércoles, 12 de junio de 2013

LAS AMBULANCIAS

Las ambulancias medicalizadas de Sacyl atienden siete de cada diez emergencias en menos de 15 minutos

 
La Gerencia recibió durante el año pasado una media diaria de 561 peticiones de asistencia, que fueron resueltas en unos 18 minutos en el medio rural y en unos doce, en el urbano
El 68,4 por ciento de las ambulancias medicalizadas de Sacyl tardaron menos de 15 minutos en llegar al lugar donde se solicitó ayuda médica urgente en el último año. La Gerencia prestó un total de 33.035 servicios con las denominadas unidades medicalizadas de emergencias (UMES) para atender a 34.047 pacientes, con un tiempo medio de respuesta de 13 minutos y 15 segundos, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.
De hecho, Castilla y León se encuentra entre las comunidades en las que el tiempo transcurrido entre la petición de asistencia urgente y la prestación del servicio sanitario es más bajo. Así, el servicio de Sacyl es uno de los más rápidos junto a los de Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón. Según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el conjunto del Sistema Nacional de Salud sólo se atienden en menos de 15 minutos el 26,88 por ciento de los casos.
Asimismo, la respuesta de Sacyl a las emergencias a través de las unidades medicalizadas ha mejorado entre 2006 y 2012. Los casos atendidos en menos de 15 minutos son la mayoría, en torno al 70 por ciento, y han experimentado en el periodo de estudio ligeras variaciones. Lo mismo ocurre con aquellas demandas de asistencias resueltas entre 15 y 30 minutos, que representan el 27 por ciento. No obstante, ha sido notable el descenso de intervenciones en los que el tiempo medio de respuesta supera los 30 minutos, si bien, la respuesta tiene una duración media de 34 minutos.

El año pasado. A lo largo de 2012, Emergencias Sanitarias gestionó 205.035 llamadas de demanda urgente de asistencia sanitaria, lo que supuso una media diaria de 561 peticiones de ayuda, para atender a 206.297 pacientes. Además, movilizó 236.819 recursos sanitarios ya que intervinieron los citados 33.0345 servicios de las unidades medicalizadas; 158.477 de las ambulancias de soporte vital básico; 951 servicios prestados por los cuatro helicópteros de emergencias de Sacyl; 25.473 por el personal de Atención Primaria y 165 por ambulancias convencionales. También, hubo otros 18.718 servicios, que se resolvieron con una llamada a un médico del Centro Coordinador de Urgencias (CCU).

Por provincias, desde Ávila se emitieron 15.637 llamadas que implicaron la atención de 15.641 personas; en Burgos fueron 30.493, con 30.807, mientras que en León ascendieron a 38.352, con 38.874 pacientes atendidos. En Palencia, con 14.202 llamadas, los servicios de la Gerencia asistieron a 14.278 personas; en Salamanca, con 28.922 avisos, a 29.055; en Segovia, con 11.248, a 11.353, por encima de los 7.271 atendidos, a partir de 7.151 avisos, de Soria. La provincia de Valladolid registró 42.542 llamadas y 42.493 pacientes y la de Zamora, 16.488 y 16.525, en cada caso.
De esta forma, las provincias que presentan una mayor densidad de población generaron una mayor demanda asistencial, como es natural. Valladolid motivó el 20,7 por ciento de las llamadas; León, el 18,7 por ciento; Burgos, el 14,9 por ciento, y Salamanca, el 14,1 por ciento. Las principales patologías atendidas fueron los traumatismos (19,1 por ciento), los síntomas de estados diversos (13,1 por ciento) y enfermedades del sistema nervioso (12,5 por ciento).

Actividad. Además de las asistencias de la UMES, los cuatro helicópteros sanitarios destinados por la Junta a la atención de urgencias médicas realizaron 951 servicios (250 el de Astorga, 194 el de Burgos, 259 el de Salamanca y 248 el de Valladolid) y atendieron a 971 personas. De ellas, 239 eran pacientes de León; 146, de Valladolid; 136, de Salamanca; 132, de Burgos; 92, de Ávila; 61, de Palencia y Zamora; 59, de Segovia, y 45 de Soria.

Finalmente, ambulancias de soporte vital básico atendieron a 160.870 personas, con un promedio diario de 440, y los profesionales de Atención Primaria realizaron 25.473 servicios, con 69,7 salidas diarias de media.

martes, 11 de junio de 2013

ALCOHOLISMO EN MENORES

El Gobierno estudia multar a los padres de menores con repetidos comas etílicos

 


El Delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, ha planteado esta propuesta en una rueda de prensa en la que se ha presentado una campaña que alerta sobre las graves consecuencias del inicio temprano del alcohol.
Esta medida se baraja en el anteproyecto de ley que prepara el Gobierno para limitar el acceso a los adolescentes al alcohol, según Babín, quien ha advertido de que incluso se podría calificar de maltrato el hecho de que los padres permitan intoxicaciones etílicas permanentes de sus hijos en su propio domicilio

AYUDAS ALA DEPENDENCIA CAEN

Servicios Sociales / Atención

Los beneficiarios de ayudas a la dependencia caen por primera vez

 
La Junta contabiliza 173 personas menos que reciben prestaciones en lo que va de año en la provincia. Hasta 2015 los dependientes moderados no entran en el sistema
Los recortes de prestaciones en la Ley de Dependencia, con motivo de un Real Decreto que en julio pasado modificó el sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, tuvieron sus primeras consecuencias en los beneficiarios en el mes de agosto. La decisión del Gobierno central suponía rebajar un 30% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares y revisaba al alza los criterios de evaluación de la capacidad económica de los usuarios (incluido el patrimonio), para que las rentas más altas percibieran menos ayudas que las bajas. Pero, la revisión de cada uno de los expedientes trajo consigo que algunos dependientes vieran reducida su ayuda hasta el 90%.
La justificación de los responsables de la Junta de Castilla y León, que es la encargada de prestar este tipo de servicios, era que estos «sacrificios» debían servir para «garantizar la viabilidad» de los servicios sociales «ahora y en el futuro». Explicaciones que no fueron aceptadas por muchas familias afectadas que consideraban que los criterios utilizados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades eran abusivos. Además, a finales de año, la administración regional revisa la situación de cada beneficiario con la última declaración de la renta para comprobar si ha cambiado su situación financiera, ya sea por venta de inmuebles o la generación de intereses en las cuentas de ahorro.
El Real Decreto no se limitó a las personas que recibían prestaciones de la Ley de la Dependencia sino que hubo más cambios. Uno de ellos es que los grados de reconocimiento de la dependencia pasaron de 6 niveles a 3: gran dependencia, dependencia severa y dependencia moderada. Lo más relevante era que los dependientes moderados no tendrán derecho a las ayudas hasta 2015. Y eso tiene una consecuencia clara porque cada vez hay menos personas que entran al sistema, especialmente las personas con menos síntomas, según señalan fuentes del sector y asociaciones que atienden a personas dependientes.
La Consejería de Familia tiene valoradas la situación de dependencia a más personas con derecho a recibir la Ley de la Dependencia en la provincia de Burgos pero es inferior el número de beneficiarios. Frente a las 8.535 personas de septiembre del año pasado se ha pasado a los 8.147 individuos a mayo pasado que les corresponde recibir ayudas. En cambio, los beneficiarios han caído de los 8.039 a los 7.909. También ha bajado el número de prestaciones porque es posible que una persona cuente con varios servicios. En ese mismo periodo, de menos de un año, la cifra ha descendido en 212 (de 10.538 a 10.344).
En lo que va de 2013, Burgos cuenta con 173 beneficiarios menos. Se trata de una pequeña bajada pero lo más importante es el cambio de tendencia porque, hasta ahora, el número de personas que percibía ayudas con la Ley de la Dependencia no había dejado de crecer desde su puesta en marcha en 2007.

Más esfuerzos

No es un fenómeno que se circunscribe a la provincia burgalesa ni a la Comunidad Autónoma sino que es una situación generalizada a nivel nacional. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales recuerda en su último informe del Observatorio de la Dependencia que el ritmo de solicitudes durante los cuatro primeros años de la Ley alcanzaba un promedio mensual de más de 30.000 en el conjunto del país; en el año 2011 «apenas» superó las 9.000 solicitudes y en el pasado 2012 «ni siquiera el promedio mensual llegó a las 2.500». A juicio de esta entidad, «lejos de dejar morir por inanición el sistema de atención a la dependencia, este es el momento de rentabilizar todo el esfuerzo pasado».
En la actualidad y según los últimos datos hechos públicos por la Junta, la provincia cuenta con casi 13.000 personas que tienen valorada su situación de dependencia, a través del correspondiente expediente. Cerca de la mitad (5.900) tiene su domicilio en la capital burgalesa, 1.300 en Miranda de Ebro, 1.100 en Aranda y 4.600 en el resto de los municipios de la provincia. De este número total, solo 7.909 tienen reconocidas sus prestaciones en la Ley de la Dependencia, que suman unas 10.300 ayudas. Los cálculos de la Consejería es que el 97% de la población dependiente en Burgos con derecho a prestación ya la recibe. Supone, cerca de 20 puntos por encima de la media regional.
La Asociación de Directores y y Gerentes de Servicios Sociales lamenta que en España haya cada vez más personas a la espera de ser valoradas, «haciendo que uno de los apartados que hasta ahora habría funcionado con cierta agilidad, en la actualidad, presente unos plazos medios de espera aún muy elevados». Creen que es una situación relacionada con la actual crisis económica, con presupuestos públicos restrictivos y que fuerza a las Comunidades Autónomas a «ralentizar artificialmente» el sistema. No en vano, advierte que uno de los fallos es el inadecuado, insuficiente y tramposo sistema de financiación, además de las diferencias de gestión entre unas regiones y otras.

Sistema estabiilizado

La consejera de Familia, Milagros Marcos, explicó hace unos meses que el sistema en Castilla y León se encontraba «estabilizado», con entre 100 y 150 usuarios cada mes y que «no se esperaban grandes incrementos».
La asociación de profesionales del sector alerta de que en los últimos meses se ha producido una «revisión brutal» con la adjudicación de grado por debajo del obtenido a dependientes en su día con grados superiores. Esto provoca, según ellos, la «cronificación de ese limbo de la dependencia», que cuantifican en 230.000 personas en España. Precisa que esa cifra ha bajado en el último año pero motivada, sobre todo, por el retraso en la atención de los dependientes moderados hasta el 2015 y a los fallecimientos que se producen mientras esperan la atención.

lunes, 10 de junio de 2013

Día de la ONCE

Aquí os dejo el programa de actividades del próximo 16 de junio que tendrán lugar con motivo de la celebración del día de la Once.
¡Estáis todos invitados!